Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Gonzalo Pascual defraudan a Hacienda 100 millones de euros, según la Agencia Tributaria

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Madrid

Los peritos de la Agencia dicen que deberían haber pagado esa cantidad más 7,5 millones de otro socio, pero pidieron a devolver 20.000 euros

Un informe elaborado por peritos de la Agencia Tributaria asegura que Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual debían haber pagado unos 100 millones de euros de impuestos por la venta de Aerolíneas a Viajes Marsans, más otros 7,5 millones de su socio Romana Playa, frente a la devolución de 20.000 euros que solicitaron. El letrado Rafael Cano ha pedido medidas cautelares, entre las que se cuentan el embargo de las acciones de ARSA o de los créditos que Marsans posea con Aerolíneas. El informe fue solicitado por el Juzgado 35 de Madrid, donde los dos empresarios están imputados por fraude fiscal, desvío de fondos públicos y falsedad documental. La noticia fue anticipada ayer por el diario en la red Hispanidad. En el informe se acusa a Air Comet, sociedad controlada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades del 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de Romana Playa. El abogado del caso, Rafael Cano, ha manifestado a ESTRELLA DIGITAL que ha pedido la comparecencia de los peritos para la aclaración de detalles, pero sostiene que la acusación del informe contra Díaz Ferrán y Pascual es nítida.

La titular del juzgado número 35 de Madrid, Gema Gallego, tiene en su poder desde hace unos veinte días el informe de los peritos de la Agencia Tributaria sobre la venta de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, propiedad de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán, próximo a Esperanza Aguirre, y de su socio Gonzalo Pascual. En las transacciones de Aerolíneas Argentinas (ARSA), entonces propiedad del Estado español a través de la SEPI fue finalmente otra sociedad de estos empresarios, Air Comet, la que se hizo con la aerolínea. En el años 2002, la SEPI, entonces dirigida por Ruiz Jarabo, y bajo el Gobierno Aznar, poseía la compañía aérea de bandera argentina, con monopolio de hecho del cabotaje en aquel país. La compañía no era rentable y para desprenderse de ella la SEPI transfirió ARSA a Marsans más 758 millones de dólares para reflotarla.

300 de esos millones estaban destinados a pagar deudas, cancelar pasivos y poner el balance a cero. En aquellos momentos sólo cobraron algunos acreedores subrogándose parte de las deudas los empresarios españoles. Según el informe de los peritos, “Air Comet dispuso de fondos entregados a título gratuito por la SEPI, que simultáneamente empleó en la adquisición de otros elementos de activos que no quedaron reflejados en su contabilidad”. El caso está en manos del Juzgado 35 de Madrid, cuya titular es la jueza Gema Gallego, quien les ha imputado por delito fiscal, desvío de fondos públicos y falsedad procesal.

Entre las pruebas el aspecto más importante, según informaba ayer el diario Hispanidad, la más importante era el informe de los peritos de la Agencia Tributaria, solicitado por la jueza el 19 de febrero de 2005 y que se ha entragado a las partes hace tres días pese a haber sido admitido hace más de veinte.

En el informe se acusa a Air Comet de haber solicitado la devolución de 20.000 euros con cargo al impuesto de sociedades de 2002, cuando lo cierto es que debían haber pagado al fisco 99.049.520 euros, más otros 7,5 millones de Romana Playa.

El letrado de la acusación, Rafael Cano, ha solicitado medidas cautelares, entre las que se cuentan el embargo de las acciones de Aerolíneas, o de los créditos que Air Comet (Marsans) tuviera contra esas acciones.

Otra de las previsibles consecuencias del informe es que Gonzalo Pascual y Díaz Ferrán deberán detener su plan de vender parte de ARSA al Gobierno argentino, y el resto sacarlo a bolsa en Buenos Aires.