Vivienda, ocurrencias y oportunismo

ABC

UNA nueva encuesta del CIS revela que la vivienda sigue siendo el problema prioritario para una gran mayoría de los ciudadanos. Es lógico, si se tiene en cuenta la repercusión social y económica de unos precios disparatados que impiden la independencia de los jóvenes respecto del hogar familiar y gravan las economías domésticas con hipotecas en las que muchos españoles se dejan una parte sustancial de sus ingresos. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero -por desgracia- los poderes públicos no han conseguido frenar el valor del suelo, que alcanza cifras prohibitivas y repercute decisivamente en el precio final. La respuesta del Gobierno ante una situación tan compleja oscila entre las ocurrencias sin contenido y el oportunismo puro y duro. Rodríguez Zapatero recuperó un ministerio que carece de competencias en el marco del estado autonómico y puso a su frente a María Antonia Trujillo, que consiguió el dudoso honor de ser la primera por la cola en la valoración de los ministros durante toda la legislatura.

Aunque Carme Chacón tiene mejor imagen y se muestra más prudente en sus declaraciones públicas, las cosas siguen igual o peor que antes: ya no se habla de «soluciones habitacionales», sino que se aprueban medidas electoralistas como las ayudas de 210 euros mensuales a los jóvenes entre 22 y 30 años para que alquilen una vivienda con carácter de residencia habitual. Aparte de que los planes de la ministra anterior eran -curiosamente- más generosos que los aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, parece imposible que de aquí al 1 de enero de 2008 se pongan en marcha los mecanismos administrativos imprescindibles para hacer efectivas las ayudas, como han destacado de forma unánime los responsables autonómicos encargados de su gestión.

Este nuevo brindis al sol dirigido hacia los votantes jóvenes, al igual que un impulso ineficaz para la construcción de viviendas protegidas o una ley del suelo que se limita a recoger los restos de las escasas competencias estatales, son decisiones insuficientes a todas luces para desarrollar una política de vivienda a la altura de las circunstancias. El mercado inmobiliario es muy complejo y tiene características peculiares. El Ejecutivo no ha sido capaz de buscar acuerdos razonables con los promotores y con las entidades financieras, de manera que sólo se le ocurre salir del paso gastando sin medida el dinero de todos. Una legislación adecuada y una labor subsidiaria de promoción exigen una capacidad política y una eficacia administrativa que el Ministerio de la Vivienda no está en condiciones de ofrecer. De momento, se trata de relanzar la imagen pública de Carme Chacón, uno de los puntales del socialismo en Cataluña de cara a las próximas elecciones, pero las operaciones partidistas y con objetivos a corto plazo no sirven de nada a la hora de dar respuesta a la preocupación más grave que tienen a día de hoy muchos millones de españoles.