El plan contra los delitos urbanísticos y societarios también queda en la cuneta

P. González
expansion

El proyecto aprobado hace casi un año por el Gobierno está aparcado en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios creen que se trata de una reforma “precipitada” y que está “poco cocinada”.

A la legislatura del PSOE le quedan poco más de cincuenta días efectivos de actividad parlamentaria. Es poco tiempo para que termine la tramitación de un paquete de iniciativas legislativas del Gobierno. Entre ellas, algunas de calado y a las que, en su momento, se dio una destacada trascendencia política. Por ejemplo, la reforma del Código Penal que planteaba el endurecimiento, entre otros, de los delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria y los delitos económicos.

Aquí, más que un problema de tiempo, es un problema de falta de consenso. El Gobierno remitió el proyecto de reforma hace casi un año (en diciembre de 2006). Es una ley orgánica, que requiere el respaldo de una mayoría cualificada, especialmente del primer partido de la oposición. Pero el texto no ha encontrado en ningún momento el respaldo de los grupos del Congreso, empezando por el Popular, que fue el único que presentó enmienda de totalidad contra el texto.

Precisamente, en el debate de totalidad del proyecto, celebrado a mediados de septiembre, se pudo comprobar la escasa aceptación de la reforma del Código Penal: aunque ningún grupo votó con el PP en su enmienda de totalidad, los portavoces aprovecharon su intervención en la tribuna para plantear objeciones de todo tipo al proyecto del Gobierno.

Así las cosas, el texto sestea en la Cámara, encadenando semana a semana ampliaciones de plazo para las enmiendas parciales (lleva ya catorce, incluyendo en medio los meses de vacaciones estivales), sin que exista intención de hacer un esfuerzo para sacarlo adelante antes de que termine el período de sesiones. Las fuentes parlamentarias consultadas aluden también al escaso interés del actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por un proyecto que dejó su predecesor, Juan Fernando López Aguilar (quien, según estos medios, tampoco mostró entusiasmo por la reforma).

La reforma del Código no figura entre los proyectos que el Ministerio y el PSOE han planteado al resto de los grupos para que puedan culminar su tramitación antes de diciembre. Las prioridades son el texto que modifica el tratamiento en el Registro Civil del patrimonio de discapacitados y el proyecto de ley sobre adopción internacional.

En cualquier caso, los grupos creen que la reforma penal planteada llegó al Parlamento de forma “precipitada” y, por ello, “poco cocinada”. “Sería aconsejable que algunos de los puntos planteados tuvieran un poco más de poso, y que la propia doctrina jurídica estuviera más elaborada”, opina Margarita Uria, portavoz del PNV. El portavoz del PP, Juan Santaella, asegura que no se ha producido ningún acercamiento con el PSOE en torno a la reforma, nacida, además, cuando todavía estaba abierto el proceso con ETA.

El Grupo Parlamentario Socialista admite que “el clima político actual no invita” a un consenso en torno a esta reforma, que “tiene una gran envergadura”. Sin embargo, evita dar por sentado que la reforma no vaya a salir adelante: “Vamos a seguir trabajando”, dice.

Un proyecto nacido al hilo de los escándalos urbanísticos

La reforma del Código Penal surgió para resolver algunos desajustes técnicos en algunos tipos delictivos, para endurecer el tratamiento de algunas conductas, y para “dar respuesta a las nuevas realidades criminales”, como el crimen organizado o los relacionados con las nuevas tecnología. Y también para poner coto a las irregularidades en el sector inmobiliario.

Según los expertos, el Gobierno aceleró la redacción y aprobación del proyecto a la vista de los escándalos urbanísticos que surgieron el año pasado, para mitigar su efecto ante la perspectiva de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Todo ello va a quedar en agua de borrajas, dada la imposibilidad de consensuar la reforma. A la vista del retraso en la norma, CiU propuso sacar del proyecto y tramitar acelerada e independientemente la parte referente a la seguridad vial, otra materia de especial sensibilidad social. Estos son otros aspectos relevante del proyecto de reforma aparcada en el Congreso:

- Delitos económicos. El texto contempla la posibilidad de perseguir a quienes falseen las cifras o informes sobre el estado económico de las empresas, incluyendo a los auditores y censores de cuentas (antes no figuraban entre los posibles autores del delito). En el ámbito de las empresas privadas se introduce el delito de estafa de inversiones, que se dirige a los administradores de compañías cotizadas que falseen los balances o informaciones sobre su situación.

- Información privilegiada. Se penaliza la utilización de información privilegiada para realizar operaciones que proporcionen indicios falsos o engañosos, o para conseguir, en concierto con otros, el precio en un nivel anormal o artificial, o asegurarse una posición dominante en el mercado.

- Acoso laboral. El texto introduce la persecución de estas conductas, tanto en el ámbito público como privado, conocidas también por su acepción inglesa mobbing. Su encaje se realiza en el artículo dedicado a los ataques contra la integridad moral, con una pena de prisión de seis meses a dos años.

- Responsabilidad de las personas jurídicas. Una de las novedades del proyecto es que extiende la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, de forma complementaria a la que recaiga sobre las personas físicas que las gobiernen, como figura en otros países, como Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Bélgica Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Francia, o Portugal.

- Delito de concurso punible, o quiebra. Se enumeran una serie de conductas previas al concurso, que no se vinculan con la insolvencia, y que ponen de manifiesto la existencia de una gestión conscientemente desordenada que ha conducido al fiasco económico.