El 40% de los fallecidos en el trabajo en Madrid era extranjero y subcontratado, según un informe de Ugt

Ep/ elmundo
Madrid

El 93% de los trabajadores muertos en accidente laboral en la región entre enero y agosto de 2007 pertenecía a subcontratas. Dato que contrasta con el 67% del periodo 2005-2006, según el sindicato UGT. Además, el 71% de esas muertes se produjeron en empleados que tenían tan sólo un contrato temporal.

Para UGT, estas cifras revelan el "extendido incumplimiento" de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, y en particular la que afecta a la coordinación de actividades empresariales.

Por otra parte, más del 40% de los trabajadores fallecidos en accidente laboral tenía nacionalidad extranjera, conclusiones que han sido obtenidas por el sindicato tras estudiar estadísticamente una muestra representativa de los siniestros con resultado de muerte que tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid entre la población trabajadora inmigrante durante este período de referencia.

Por sectores, el 60% de los trabajadores inmigrantes se emplearon en la construcción, sector que fue seguido por los servicios y la industria, con un 20% de contratación inmigrante respectivamente.

Así, desde enero, el 40% de las personas extranjeras que perdieron la vida en el trabajo tenía edades comprendidas entre los 31 y 45 años. El mismo porcentaje se observa en los menores de 30 años. Las caídas a distinto nivel (40%), atrapamientos por o entre objetos (20%) y la caída de objetos fueron las formas más habituales que presentaron lo siniestros.

A la luz de estos datos, UGT-Madrid ha exigido la "aplicación urgente" de la Ley de Subcontratación en el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid, y demandó una efectiva coordinación entre la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y la Judicatura, contando con la participación de los agentes sociales, para mejorar la efectividad de las actuaciones.

Asimismo, la plataforma sindical exigió al Gobierno regional la "exclusión de las subvenciones públicas" de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desarrolla, y consideró "indispensable" publicar un listado de dichas compañías.