Técnicos de Hacienda alerta de hasta 240.000 alquileres sin declarar en la costa catalana

El valor defraudado alcanzaría los 521 millones sólo en Catalunya, según cálculos de los expertos

Un estudio elaborado por el cuerpo de técnicos de Hacienda calcula en 649.686 el número de viviendas en alquiler no declaradas en las zonas costeras, lo que supondría hasta un 66% del fraude total en los arrendamientos. Esa cifra supone un fraude de 1.233 millones de euros. Catalunya concentra más de una tercera parte.

La Vanguardia, 10/08/2007

Barcelona.(Redacción).- Gestha, la asociación que agrupa a los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, denunció ayer que el fraude en los arrendamientos en el litoral puede ascender a más de 1.200 millones anuales, de los que más de una tercera parte procederían de alquileres no declarados a Hacienda en Catalunya. La mayor parte de ese fraude se concentraría en el Maresme (véase el gráfico adjunto). La difusión de estos datos coincide con una creciente preocupación del sector turístico, que denuncia la existencia de una enorme bolsa de oferta de plazas clandestina.

Los cálculos de los técnicos de Hacienda son el resultado de cruzar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2004. De los datos obtenidos se han excluido los alquileres relacionados con otro tipo de actividades, como garajes y locales comerciales. El resultado del cálculo establece que el 66% de los alquileres sumergidos en el territorio español se localiza en las localidades del litoral, lo que equivale a unas 649.686 viviendas. El valor del fraude no declarado a Hacienda ascendería, según el estudio, a 1.233 millones de euros.

En términos porcentuales, la comunidad con una mayor presencia de viviendas en alquiler no declarado es la andaluza - Costa de la Luz, Costa del Sol, Costa Tropical, costa de Almería- donde el grado de fraude alcanzaría hasta el 75,31% del parque de alquileres, lo que supone unas 111.525 unidades. En la costa murciana (Costa Cálida) el porcentaje de alquileres no declarados también se encarama hasta el 76,69% .

Sin embargo, en términos absolutos, la costa catalana es la que concentra un mayor número de viviendas en alquiler sin declarar, al sumar unas 239.350 unidades, y un valor no declarado a Hacienda en euros de 521 millones. De estos, es en el Maresme donde se concentra un mayor número de viviendas en alquiler sin declarar (201.815 unidades). Otras marcas turísticas como la Costa Brava (con 21.266 unidades) o la Costa Daurada (con 16.269 unidades) irían muy por detrás. Según estos datos, sólo Catalunya aportaría un 25% del total de los alquileres no declarados.

En términos absolutos también destacan, por detrás de las comunidades catalana y andaluza, las comunidades valenciana (con 76.397 alquileres defraudados a Hacienda) y Canarias (con 64.858 alquileres no declarados). Los datos de los técnicos de Hacienda no computan los relativos al País Vasco por contar esa comunidad con una hacienda propia.

Pese a tratarse de una aproximación, los datos difundidos por los técnicos de Hacienda no han sorprendido al sector turístico, buena parte del cual viene denunciando la existencia de una oferta clandestina de apartamentos y viviendas que ha ido en incremento con la difusión de la cultura low cost.Asimismo, apuntan a que Barcelona es una de las ciudades en las que el fraude es más elevado. También señalan la pasividad de la Administración ante el problema, pese a que muchas de las transacciones sobre este tipo de oferta se realizan a plena luz e, incluso, con publicidad en los medios. El sector turístico denuncia la competencia desleal que este tipo de oferta comporta para una actividad en la que la rentabilidad por visitante ha ido descendiendo en los últimos años.

Los técnicos de Hacienda reclaman mayores esfuerzos de la Agencia Tributaria hacia estas bolsas de fraude inmobiliario y, en particular, proponen una reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que recoja una mayor delimitación legal de los derechos de las partes. También plantean una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil que reduzca a quince días el plazo para presentar la demanda de desahucio por falta de pago, así como que los juicios rápidos sean realmente rápidos. Los técnicos de Gestha consideran que el volumen de fraude fiscal en España equivale a un 23% del PIB, esto es, unos 200.000 millones de euros (según datos del 2005).