Clausurados 25 minipisos insalubres en el barrio de Gràcia

Los vecinos de Verdi llevaban 15 años denunciando los cubículos

Gràcia actúa contra una veitena de viviendas ilegales que no tenían cédula de habitabilidad
Los inquilinos de la calle Jaén pagaban entre 300 y 600 euros al mes, muy por debajo del precio de la zona, que está en los 966 euros

Silvia Angulo Barcelona
La Vanguardia, 11/07/2007

Pisos ilegales en el distrito de Gràcia. La inspección de dos inmuebles ha sacado a la luz la nada desdeñable cifra de 25 minipisos sin cédula de habitabilidad. Nacen de la reconversión de antiguos locales y naves industriales en estudios y de los elevados precios de las viviendas. Se trata de una práctica que ha proliferado en los últimos años en las calles de Gràcia donde languidecen los locales comerciales.

Por el momento, el distrito ha actuado contra catorce cubículos, en el número 325 de la calle Verdi, sobre los que pesa una orden de clausura y tiene previsto precintar otros once a principios de agosto, situados en el 22 de la calle Jaén. Ninguno dispone de cédula de habitabilidad, pero entre unos y otros hay un abismo. En los de la calle Verdi los inquilinos malvivían en condiciones pésimas, mientras que los pisos de la calle Jaén, tamaño aparte, están en óptimas condiciones. En el número 325 de la calle Verdi, al lado del Park Güell, los vecinos llevaban más de 15 años denunciando la actividad ilegal que se ejercía en el semisótano del inmueble. El pasado 29 de junio los inspectores del distrito clausuraron cuatro de los cubículos y se instó al propietario Luis Serra Batllés a restaurar los locales bajo amenaza de pagar una multa de entre 300 y 3.000 euros. El informe elaborado por el distrito explica que en 1991 se llevaron a cabo las obras de división para transformar un antiguo local comercial en estudiovivienda. En 1998, los vecinos del inmueble volvieron a denunciar la situación, mediante acta notarial y según reza en el informe del distrito, que hace referencia al uso como vivienda de los locales subarrendados. Aun así, los propietarios continuaron con su actividad y dividieron los locales del semisótano primero, segundo y tercero en catorce minipisos donde se "realizaron las mínimas obras de acondicionamiento para ser destinadas a viviendas, de forma totalmente ilegal, sin licencia de obras, cambio de uso y ninguna posibilidad de legalización", dice el informe. El distrito efectuó el 15 de mayo de este año una inspección en la que se constató que "las condiciones de las viviendas eran infrahumanas", ya que se componían de un pequeño sanitario y en la mayor parte de los casos de un solo espacio y sin ventilación. Por si fuera poco, los inspectores municipales detectaron que los cubículos no cumplían las medidas de seguridad relativas a las normativas de instalaciones de gas butano, ya que las cocinas no estaban ventiladas. Los inquilinos pagaban una media de 300 euros mensuales por unos pisos que no llegaban a los 30 metros cuadrados y donde la luz del sol no hacía acto de presencia. Según fuentes del distrito, se está trabajando en la reubicación de los inquilinos de los apartamentos y con la comunidad de vecinos para resolver la situación en la que se encuentra su finca. De hecho, un portavoz del estudio jurídico Pérez Almansa, que defiende los intereses de la comunidad de propietarios del 325 de la calle Verdi, explicó a La Vanguardia que los vecinos habían acudido a la Generalitat y al Ayuntamiento para denunciar la situación en repetidas ocasiones. Hace tres meses contrataron los servicios de este despacho y se acordó en junta demandar al Ayuntamiento en caso de que no "pusiera remedio en un plazo razonable". Según el bufete, los responsables del Ayuntamiento hacen esfuerzos para poner fin a esta situación y, por eso, considera que no puede que no sea necesario llegar a los tribunales. Aún así, desde el despacho de abogados se reconoce que la "la comunidad de vecinos desconfía que la actuación administrativa sea rápida, eficaz y persistente". Según fuentes del despacho, los inquilinos vivían en condiciones infrahumanas, ya que los cubículos son pequeños, están en un sótano sin luz ni ventilación y con muchas humedades. "En múltiples ocasiones los vecinos han podido constatar roedores e insectos". Los vecinos son conscientes que los inquilinos de los cubículos son las víctimas, pero también saben que hasta que no se clausuren continuarán sufriendo problemas de inseguridad por el camping gas que los ocupantes usan para cocinar. La situación en la calle Jaén es bien distinta. Las condiciones de habitabilidad de los once apartamentos son buenas, aunque todos ellos sean ilegales. La mayoría de inquilinos han acondicionado el interior y han reparado y subsanado los problemas que han ido surgiendo. Llegaron allí hace dos años para instalarse en pisos desde los 30 metros cuadrados hasta los 50. Fincas Pelayo les facilitó el apartamento por el que pagan entre 300 y 600 euros mensuales -según el tamaño-, muy por debajo de los precios de la zona donde el alquiler medio está los 966 euros. Es una calle peatonal y los apartamentos están en una nave industrial que en la planta baja y el primer piso se han habilitado once apartamentos y siete locales comerciales que no disponen de permiso ni cédula de habitabilidad. De hecho, el Ayuntamiento desconocía que la nave -que está afectada urbanísticamente- estaba ocupada hasta hace un año. Los inspectores detectaron que en el interior estaba habitado por una veintena de inquilinos. Todos poseen un contrato de alquiler y sabían que su vivienda no disponía de cédula de habitabilidad, pero el administrador les explicó que "se trataba de un mero trámite obtenerla". Hace unos quince días tuvieron la certeza de que las amenazas del distrito de precintar la nave iban en serio. Recibieron una carta en la que se les instaba a abandonar los apartamentos. Mariano Ventura alquiló la vivienda hace dos años. Se la dieron "pelada". Él invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en construir dos habitaciones más y habilitar la parte superior del loft para que su hermana Laura y una amiga pudieran vivir con él. Después de la inversión ha logrado un piso acogedor de dos plantas y con luz natural. "Pagamos 600 euros, pero vivo en un barrio que me gusta y será imposible encontrar nada por ese precio en Gràcia". Desde que se enteró de que los querían desalojar ha dejado de pagar el alquiler y se ha puesto a buscar piso. Una de sus vecinas explica que ellos ya sospechaban que no podía haber pisos dentro de una nave, pero los precios son tan caros que "miras para otro lado". En este sentido, explica que hay viviendas que disponen de cédula y están peores condiciones que sus apartamentos. Por otro lado, el distrito del Eixample comenzó ayer los trabajos de derribo de un ático ilegal en la calle Girona después de que el TSJC dictaminara la ilegalidad de la construcción. Ayer por la mañana la Guardia Urbana inhabilitó el piso como vivienda y se inició el derribo. En 1998 se ordenó al propietario del piso que restituyese todos los elementos afectados por las obras y volviera a dejarlo sin el ático.