Mariano Miguel se multiplicó sueldo y blindaje en Colonial

Cochi Lafraya/ lavanguardia
Foto: Efe/ Fernando Alvarado
Madrid

El ex consejero delegado de Colonial, Mariano Miguel, se multiplicó su blindaje - de 1,8 a 3,9 millones de euros- así como su sueldo, que pasó de 400.000 euros a un millón de euros durante el periodo transitorio de toma de control de la promotora.

Sin embargo, ambos incrementos no fueron ratificados por la Junta General de Accionistas que la sociedad celebró el 27 de junio de ese año aun a pesar de que el blindaje superaba el límite de 3 millones fijado desde 2007.

Es decir, ambos incrementos salariales se aplicaron en el periodo que va de la salida del ex fundador de la promotora, Luis Portillo -que se produjo los últimos días de diciembre del año pasado-y la ejecución de las acciones por parte de la banca acreedora, que acabó con la entrada del Banco Popular, La Caixa y otras entidades financieras en el capital.

Concretamente, el cambio estatutario se produjo en el consejo de administración celebrado el pasado 17 de enero, cuando Gecina ya había realizado su primera aproximación y General Electric ya había puesto sobre la mesa su primer acercamiento, que después desató una guerra de opas por el control de la inmobiliaria.

Mariano Miguel y Luis Portillo, dos de los reyes del ladrillo en España hasta hace unos meses, acudieron ayer al Juzgado de lo Social, en Madrid, para defender la indemnización salarial del primero por su cese.

El ex consejero delegado de Colonial reclama 4,3 millones en total. Es decir, su salario base de tres ejercicios más tres meses por no ser preavisado con anterioridad. Su abogado alegó que fue cesado en marzo, con lo que no se ejercitó la clausula.

Portillo, que se dejo ver en público por primera vez en diez meses tras su quiebra y desvinculación por completo de la compañía, acudió a los tribunales como testigo sorpresa de su viejo amigo. El ex presidente de Colonial dejó claro que él no cobró nada tras su marcha "por ser accionista mayoritario".

El abogado de la promotora alegó que es un caso para ser tratado en el juzgado de lo mercantil y no en el de lo social por tener "un cargo ejecutivo con plenas facultades de actuación". Mientras que el letrado de Miguel defendió que tenía un contrato laboral de alta dirección como director general. Para justificar esto, se remontó al primer contrato, cuando fue fichado por Portillo para dirigir Inmocaral y ejecutar las sucesivas compras (Colonial y Riofisa).

Este juicio es el primero que se celebra, tras la crisis del ladrillo, pero se producirán más porque otros directivos también firmaron medidas proteccionistas al calor del boom. Coincide, además, con el debate internacional de las indemnizaciones millonarias de directivos en épocas de crisis. Por el contrario, los accionistas minoritarios han visto como se derrumbaban sus acciones sin poder hacer nada.