El Gobierno se acuerda ahora de los REITs como medida estrella contra la crisis inmobiliaria

E. Segovia/ cotizalia

Lo que cambian las cosas en poco más de un año. En junio de 2007, el Gobierno no consideraba prioritaria la introducción de los REITs - un tipo de fondos inmobiliarios cotizados muy populares en EEUU-, al igual que la de otros productos de inversión como los certificados. Y ayer, Zapatero anunció la creación de este producto en España como la medida estrella contra la crisis inmobiliaria (junto a una nueva línea del ICO de 3.000 millones para el sector). Entonces daba igual que el inversor español no pudiera acceder a un producto del que disfrutan desde hace años las grandes inmobiliarias, que cuentan con vehículos de este tipo en Francia, Holanda o Alemania. Ahora resulta que no hay una fórmula mejor para revitalizar nuestro hundido mercado del alquiler.

Los REITs se llamarán en España SCIMI, es decir, Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. La particularidad de este vehículo, que existe en EEUU desde 1960 y en otros países europeos desde hace décadas, es que gozan de exención en el Impuesto de Sociedades a cambio de pagar prácticamente todo su beneficio como dividendos, de destinar la mayoría de sus inversiones al negocio del alquiler y de cotizar en bolsa para ofrecer liquidez al inversor. Estos atractivos habían hecho que diversas entidades -con Richard Ellis, Knight Frank y Fidelity al frente- buscaran su introducción en España sin éxito... hasta ayer.

En realidad, los fondos y sociedades inmobiliarias españolas ya gozan de la exención en el impuesto de sociedades, al igual que los fondos de inversión y las sicavs. La diferencia con la nueva figura es que los fondos actuales tienen menos liquidez -normalmente es trimestral- y que no distribuyen dividendo. Según el Ministerio de Vivienda, los REITs españoles estarán obligados a distribuir el 90% de su beneficio por alquiler y por venta de inmuebles como dividendo, en línea de lo que ocurre en Francia o EEUU.

Ahora bien, se desconocen más detalles sobre esta figura, como por ejemplo si los dividendos tributarán al 18% como los de cualquier empresa o tendrán un tratamiento especial; si gozarán de la exención de los primeros 1.500 euros (los dividendos de fondos de inversión como los ETFs no tienen esa exención); si estarán sujetos a la normativa general de instituciones de inversión colectiva o tendrán una reglamentación específica; y, lo más importante, si habrá alguna condición adicional al reparto de dividendo para gozar de estas ventajas fiscales. El Ministerio de Economía no respondió a los requerimientos de información de El Confidencial al respecto y un portavoz de Moncloa afirmó desconocer detalles adicionales.

Una medida positiva pero no suficiente

Las asfixiadas inmobiliarias españolas recibieron el anuncio de esta figura con gran alegría y pidieron rapidez al Gobierno en su desarrollo. Los expertos en inversiones moderaron un poco este optimismo: "Es una buena medida porque subsana una desventaja de España respecto a los demás países, y permite que nuestro país sea más atractivo para los inversores inmobiliarios, lo que conseguirá dar una velocidad más a este mercado. Ahora bien, no soluciona la crisis inmobiliaria: sin esta figura todo seguiría igual; con ella mejorará un poco", explica Juan Luis García Alejo, director de estrategia de Inversis.

García Alejo señala que esta medida tiene un coste fiscal, porque una actividad que hasta ahora tributaba dejará de hacerlo. De hecho, algunas fuentes del mercado señalan que la reticencia a introducir esta figura el año pasado se debía a que "el Gobierno no quería dar la idea de que estaba quitando impuestos al ladrillo cuando estaba en pleno boom con enormes ganancias para las inmobiliarias". Ahora, en medio de las suspensiones de pagos, las refinanciaciones y los despidos, el impacto en las arcas estatales es menos importante para el Ejecutivo.