Los movimientos de la vivienda desconfían de las medidas oficiales

Miguel Ángel de Lucas/ diagonal

La vuelta de las movilizaciones por el derecho a techo, las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y las promesas de diferentes administraciones autonómicas dejan ver que el problema de la vivienda ocupará un lugar prioritario en las próximas elecciones. Pero la actuación de los poderes públicos durante el boom mueve a la desconfianza sobre las nuevas medidas.

Tras la vuelta del verano, el próximo 6 de octubre tendrá lugar la primera movilización por la vivienda digna. Se espera conseguir un récord: que miles de manifestantes griten de forma simultánea “¡No vas a tener casa en la puta vida!” ante el ayuntamiento de su ciudad. Una página web hasta cuenta las horas, minutos y segundos que faltan para el grito.

No se trata de una manifestación más. Lo saben los convocantes, que han realizado un esfuerzo adicional para esta ocasión. Y lo saben las administraciones, que estos meses despliegan una batería de iniciativas para neutralizar las protestas cuando se acercan las elecciones generales.

En este caso, además, el contexto económico ha cambiado. En las bolsas internacionales, la crisis de agosto marcó el final de la etapa en que enormes flujos de capital multiplicaban su valor por arte de magia en los mercados inmobiliarios. Y en el Estado español las signos de agotamiento se suceden. Según las últimas estadísticas del Colegio de Registradores, la compraventa de viviendas disminuyó en un 10% durante los primeros seis meses de 2007. Los precios continúan subiendo (un 5,8% en el último trimestre), pero esta vez el incremento se sitúa por debajo de la media internacional.

Como ha escrito Ramón Fernández Durán, “la inquietud de los promotores inmobiliarios españoles empieza a ser evidente. Las ventas empiezan a dilatarse en el tiempo, las inversiones foráneas a disminuir (...) parece que se acaba la gallina de los huevos de oro de la especulación legalizada”. No obstante, los analistas recomiendan ser cautos. Más aún al hablar de una economía que encontró en el ladrillo el motor para el crecimiento del PIB durante 12 años.

La burbuja inmobiliaria se traduce en datos concretos. Siguiendo las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, el Estado español se sitúa a la cabeza de Europa en varios aspectos: mayor número de viviendas vacías (tres millones), mayor número de casas usadas como segunda residencia (tres millones y medio) y mayor porcentaje de construcción de viviendas al año por cada mil habitantes (18,1 casas). Se trata de datos de 2001, un número que seguramente aumentó desde entonces.

Paradojas de la especulación

Este número de viviendas fantasma, sin nadie que las habite, compradas para generar dinero, supone la base de la situación actual. Para Luis Zarapuz, economista y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid, el problema es que “se perdió la noción de realidad. Se ha mantenido la ficción de que habrá compradores de todas las viviendas, que se iban a vender”. La paradoja, en este caso, es que el aumento de la construcción no supone una bajada de precios.

Como consecuencia, según recoge el libro El Tsunami urbanizador español y mundial, el endeudamiento familiar se multiplicó en la última década, “pasando del 34% de la renta disponible en 1986 y el 52% en 1997, al 105% en 2005, estando una cuarta parte de la población endeudada por más de 15 años. El endeudamiento ha crecido en estos años a un ritmo de tres o cuatro veces superior al PIB y aumentó en 2005 un espectacular 27%. Es decir, casi ocho veces por encima del crecimiento económico”.

Por eso, a Zarapuz le sorprende que algunas de las promesas políticas para solucionar el problema de la vivienda pasen por seguir construyendo. Precisamente es lo que se ha hecho todo este tiempo. Sólo en 2005 se iniciaron 800.000 viviendas, cantidad que multiplicaba la medida anual de 350.000 de los años ‘90, y que supera también el número de viviendas construidas ese mismo año en Francia, Alemania y Reino Unido.

Costes ambientales

Ante esta vorágine constructora, los costes ambientales quedan en un segundo lugar. El año pasado, por ejemplo, las investigaciones del Observatorio de la Sostenibilidad de España daban a conocer cómo las edificaciones se tragaron el litoral Mediterráneo, alcanzando, en el primer kilómetro de costa, hasta un 34% del territorio. La escasez de agua, los problemas que conlleva un modelo territorial que concentra la población en un 20% de la geografía, o la emisión de gases efecto invernadero (cifra que se incrementó en más de un 50% desde 1990) no son vistos por la administración como motivo de peso para detener la euforia constructora.

“Cuando se habla de construir desde las administraciones se piensa más en ayudar al sector de la construcción que a los inquilinos”, apunta Zarapuz. No en vano, la construcción se ha convertido en el sector más pujante de los últimos años, hasta tal punto que siete de las 11 mayores constructoras del mundo (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona) son empresas españolas, aupadas además por grandes planes de infraestructuras.

Esta alianza entre gestores públicos y beneficiados por el boom especulativo lleva a los movimientos de la vivienda a sospechar de los planes que todos los partidos anuncian contra la especulación a pocos meses de las elecciones. “Todo este proceso de saqueo no hubiera sido posible si las instituciones no hubieran sido cómplices o hubieran mirado para otro lado; pero en vez de combatir la especulación, el poder público se ha sumado a la fiesta”.