El FMI pide al Gobierno que deje de construir viviendas de protección oficial

Carlos Sánchez/ cotizalia

Nadie se había atrevido a decirlo con tanta crudeza. Pero ya lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe sobre España reclama al Gobierno, simple y llanamente, que acabe con la construcción de nuevos pisos de protección social. En palabras del FMI, “la Misión desaconseja la construcción de más viviendas protegidas”.

El Fondo Monetario ofrece un doble argumento. Las políticas de VPO “aumentan los inventarios” [el stock de viviendas sin vender], y, además, su mercado “está a menudo distorsionado”. Estima, en concreto, que esa estrategia “es poco transparente” y ha sido un fracaso, toda vez que “no ha alcanzando siempre las prestaciones a aquellos a los que se desea que las reciban”.

Para el FMI, lo prioritario es reactivar el mercado de alquiler, y en este sentido sugiere a las autoridades económicas que liberalicen el periodo obligatorio de cinco años que establecen las leyes. En su opinión, “el alquiler permite absorber casas vacías, facilitar la movilidad laboral y posibilita a las familias más vulnerables encontrar cobijo a un coste moderado”. Las palabras del FMI están amparadas por la realidad.

Según los datos del Ministerio de la Vivienda, el año pasado se inició la construcción de 83.859 viviendas protegidas, pero de esa cantidad nada menos que 61.794 -las tres cuartas partes- se destinaron a propiedad. Únicamente 19.368 pisos se construyeron para ser alquilados, y los 2.697 restantes corresponden a autopromoción (la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid). Esas cifras dan idea de la apuesta que hacen los gobiernos autónomos y la administración central por la adquisición de viviendas en lugar de su arrendamiento. En cualquier caso, el número de viviendas protegidas (independientemente de sus modalidades) es relativamente reducido respecto de las casas terminadas en régimen libre. 579.665 pisos acabados el año pasado frente a los 67.127 finalizados en cualquiera de las modalidades de protección oficial.

Las recetas del Fondo Monetario tienen como objetivo limitar el número de casas desocupadas para facilitar el ajuste, aunque parte de que la corrección “necesita tiempo”. El FMI recuerda que “muchas viviendas nuevas están todavía por entrar en el mercado, presionando los precios de la vivienda a la baja”.

Nuevos permisos

“Sin embargo, asegura, la concesión de nuevos permisos y la construcción de nuevas casas están cayendo rápidamente, lo que hace prever una actividad en el sector mucho menor a medio plazo”. Es decir, que no ve la salida del túnel en un periodo de tiempo razonable.

El FMI, en su informe sobre España, no hace mención a una de sus viejas reivindicaciones, la eliminación de la política de deducciones en el Impuesto sobre la Renta por la compra de viviendas. Un planteamiento en el que coincide con CCOO, que ha vuelto a pedir su desaparición. Según el sindicato de José María Fidalgo, los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler “son un mecanismo injusto e ineficiente de contribuir a la política pública de vivienda”.

“Son injustos, sostiene CCOO, porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda, (y con mayor renta), mientras que las personas con menores ingresos (y por tanto menor capacidad de gasto) se benefician en mucha menor medida de estas deducciones”. En su opinión, además, son ineficientes, porque encarecen el coste de la vivienda y suponen una transferencia de rentas desde el Presupuesto del Estado a los propietarios que venden/alquilan las viviendas “y que previsiblemente se apropian de dichas ayudas vía incremento de precio”.