El freno de la construcción puede dejar con déficit las arcas municipales

J. García/ Gaceta de los Negocios

El 32% de los ingresos municipales se vinculan al sector inmobiliario, frente a un 23% en 1992

El boom inmobiliario de la última década, aparte de afectar a las economías familiares —que se han endeudado con créditos hipotecarios, primero a tipos reducidos y ahora al alza—, ha tenido importantes repercusiones sobre las finanzas municipales. La evolución de los ingresos por actividades inmobiliarias en corporaciones locales, diputaciones, consejos y cabildos insulares es de sobra elocuente. En 1992, los recursos vinculados a la construcción suponían el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales, frente al casi 32% en 2004, tal como reseña el informe Urbanismo y Financiación Municipal, de la Fundación Alternativas, al que ha tenido acceso LA GACETA. Los gastos de estas mismas administraciones vinculados al urbanismo han evolucionado a un ritmo más lento que los ingresos, pasando del 31% en 1992 al 35,9% en 2004.

Además, el afán por urbanizar y construir a un ritmo próximo a las 800.000 viviendas anuales ha modificado el perfil urbanístico de la mayor parte de las ciudades españolas. Con ello, se ha reforzado la participación del ladrillo en las finanzas de nuestros ayuntamientos, que han utilizado esta pujanza para sanear sus arcas.

Riesgos y gastos

La relevancia de los ingresos municipales vinculados al urbanismo (32%) conlleva riesgos, según el informe de la Fundación Alternativas, pues muchos de ellos son de carácter extraordinario (el 14,3% del total), en vez de recurrente (17,6%), y también las arcas municipales incurren en gastos asociados al urbanismo —tanto periódicos como de carácter puntual—, en virtud del papel prestador de servicios públicos de los municipios. Proporcionar una serie de servicios básicos, como el alumbrado público, el transporte o la recogida de basura conlleva costes que, en muchas ocasiones, superan la cifra recaudada para su financiación.

Pero el riesgo que podría cambiar el signo de las cuentas municipales, hoy en equilibrio, proviene de los ingresos inmobiliarios extraordinarios, especialmente de operaciones relacionadas con el suelo. Además, si el esperado parón de la construcción se consolida y se traduce en menos viviendas y por lo tanto menos contribuyentes, las arcas municipales podrían comenzar a anotar números rojos. Las haciendas locales —con tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas municipales— acusarían la bajada en el número de contribuyentes e importe global de las recaudaciones. Aquí está la prueba de fuego, porque los servicios que deben prestar los ayuntamientos permanecen estables y con carácter ordinario año tras año, al tiempo que sus gastos de personal tienden a crecer al contar con más empleados públicos.

Modelo actual

En la última década, los cerca de 7.500 municipios con menos de 50.000 habitantes se han visto obligados a asumir competencias que hasta entonces desempeñaban y financiaban las comunidades autónomas, y han sido testigos de un desbordamiento de la estructura administrativa de los ayuntamientos, que alentaba su financiación vía inmobiliaria. De este modo, se abrió la vía para que la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades se realice a la vez en los ayuntamientos.

El modelo de financiación local en vigor garantiza la suficiencia financiera de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos, compatible con la supresión en 2003 del IAE, el segundo impuesto local en importancia tras el IBI. Además, reconoce a los ayuntamientos mayor capacidad para desarrollar políticas tributarias, de forma que pueden subir o bajar los tipos impositivos de sus impuestos, así como establecer beneficios fiscales. Ello puede contribuir a que eludan los peligros que identifica el informe de Alternativas.